En su salida hacia Estados Unidos, donde sostendrá una reunión de altísimo nivel con su contraparte, Donald Trump, el presidente Nasry Asfura se refirió a diversos temas, entre ellos el fortalecimiento a la inversión extranjera para fomentar el empleo y la intención de conversar para mejorar el tema arancelario, el cual afecta la economía hondureña a diferencia de nuestros vecinos, El Salvador y Guatemala.

Asimismo, Asfura puntualizó que su papel es la de facilitar que la inversión extranjera sea bien vista, además de volver el país atractivo para esta, ya que es a través de este impulso que se generará empleo a la gente.

agradecimiento a las bancadas del Congreso Nacional que respaldaron el decreto aprobado, destacando que las políticas públicas en materia sanitaria son competencia exclusiva del Estado. En ese sentido, fue enfático al señalar que la suplantación de responsabilidades no ha sido, no es ni será una opción dentro de su administración.

Previo a su salida hacia Estados Unidos, donde sostendrá una reunión de alto nivel con su homólogo Donald Trump, el mandatario abordó diversos temas de interés nacional, entre ellos el fortalecimiento de la inversión extranjera como eje clave para la generación de empleo en el país.

El jefe del Ejecutivo también manifestó su intención de dialogar sobre la situación arancelaria, señalando que este aspecto continúa afectando a la economía hondureña en comparación con países vecinos como El Salvador y Guatemala. Según explicó, mejorar las condiciones comerciales resulta fundamental para aumentar la competitividad nacional y atraer nuevos capitales.

Asimismo, el presidente Asfura subrayó que su rol como mandatario es facilitar un entorno favorable para la inversión extranjera, proyectando a Honduras como un país atractivo, confiable y con reglas claras, ya que —recalcó— solo a través del impulso a la inversión se podrán generar más oportunidades de empleo para la población.

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A partir del lunes 9 de febrero de 2026, la Municipalidad de Santa Bárbara iniciará el proceso de reubicación de los vendedores que actualmente operan en la calle de atrás del mercado municipal y en los alrededores del parque central de la ciudad de #SantaBárbara.

Según lo informado, los comerciantes serán trasladados al predio de la ganadería, ubicado en el barrio Abajo, con el objetivo de ordenar los espacios públicos, mejorar la circulación peatonal y vehicular, y fortalecer las condiciones de seguridad e higiene en el casco urbano.

De acuerdo con declaraciones de Yimi Reyes, juez de Justicia Municipal, a cada vendedor se le hará llegar una ordenanza municipal, en la cual se detallarán las disposiciones, lineamientos y el procedimiento que deberán seguir durante el proceso de reubicación.

Las autoridades municipales señalaron que esta medida busca regular la actividad comercial, garantizando el respeto al ordenamiento urbano, al mismo tiempo que se brinda un espacio adecuado para que los vendedores continúen desarrollando sus actividades de manera organizada.

Se recomienda a los comerciantes mantenerse atentos a la notificación oficial y atender las indicaciones de la autoridad municipal para evitar sanciones y facilitar una transición ordenada.

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De acuerdo con registros oficiales correspondientes a febrero de 2024, la legisladora recibió fondos públicos para financiar una maestría en Ciencias Políticas. Esta situación ha generado fuertes cuestionamientos en distintos sectores de la sociedad, ya que dichos recursos están destinados prioritariamente a personas en condiciones de pobreza extrema y alta vulnerabilidad social.

Diversas voces han calificado la acción como indignante, señalando que la diputada habría utilizado recursos estatales mientras mantiene una posición de privilegio económico y político. Críticos aseguran que este hecho contradice su discurso público, en el que ha cuestionado de manera reiterada las políticas sociales impulsadas por el Gobierno.

El caso ha reavivado el debate sobre la transparencia, el uso adecuado de los fondos públicos y los criterios de selección en los programas sociales, así como la necesidad de una fiscalización más estricta para garantizar que los beneficios lleguen realmente a quienes más los necesitan

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