De acuerdo con registros oficiales correspondientes a febrero de 2024, la legisladora recibió fondos públicos para financiar una maestría en Ciencias Políticas. Esta situación ha generado fuertes cuestionamientos en distintos sectores de la sociedad, ya que dichos recursos están destinados prioritariamente a personas en condiciones de pobreza extrema y alta vulnerabilidad social.

Diversas voces han calificado la acción como indignante, señalando que la diputada habría utilizado recursos estatales mientras mantiene una posición de privilegio económico y político. Críticos aseguran que este hecho contradice su discurso público, en el que ha cuestionado de manera reiterada las políticas sociales impulsadas por el Gobierno.

El caso ha reavivado el debate sobre la transparencia, el uso adecuado de los fondos públicos y los criterios de selección en los programas sociales, así como la necesidad de una fiscalización más estricta para garantizar que los beneficios lleguen realmente a quienes más los necesitan

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